Las leyes que entraron en vigor en Oklahoma son tendientes a compensar a la inoperancia del Congreso en sus esfuerzos por producir una reforma migratoria. Las medidas, similares a otras aprobadas en estados como Arizona, Colorado y Georgia, eliminan muchos beneficios públicos que recibían los indocumentados y disponen que las empresas corroboren el status legal de todo potencial empleado a través de un banco de datos del gobierno federal. Las nuevas leyes dan mayores atribuciones a la policía para que identifique, detenga y entregue indocumentados a las autoridades migratorias. Además, convierten en delito el que alguien transporte o asista a un indocumentado.
La policía de Oklahoma City no ha seguido el ejemplo de la de Tulsa porque dice que ya tiene una carga bastante pesada combatiendo la delincuencia y no quiere asumir funciones de las autoridades de inmigración. El jefe de la policía de la ciudad de Oklahoma, Bill Citty, señaló que sus agentes harán respetar las leyes, pero no corroborarán el status legal de los hispanos si no han cometido infracción alguna. Citty cree que muchos indocumentados no denuncian robos ni otros delitos porque temen el contacto con la policía.
En Oklahoma City, la mayoría de los hispanos viven en el sector sudoeste de la ciudad. Han abierto negocios y frecuentan iglesias que en el pasado recibían casi exclusivamente residentes blancos en el barrio de Capitol Hill. En Tulsa, los hispanos están más dispersos. El director de la escuela primaria Columbus Elementary School de Oklahoma City, en la que el 85% de los estudiantes son hispanos, está preocupado. "Conozco familias de indocumentados que son gente honesta y trabajadora, que debería ser tratada con solidaridad, dignidad y justicia", expresó el director, Phil Cunningham.
La iniciativa contó con la oposición de hacendados y algunos comerciantes que sostienen que el estado necesita a los inmigrantes. A raíz de esa oposición, se postergó hasta el 1° de julio de 2008 una disposición por la cual se debe constatar el status migratorio de una persona antes de ser empleada. Al firmar la ley, que fue promovida por los republicanos, el gobernador demócrata Brad Henry instó a que se tomen las medidas necesarias para asegurarse de que no se cometan injusticias.
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